lunes, 24 de enero de 2011

Opinion pública civil

Habermas considera explícitamente la necesidad de legitimar desde la opinión púbica actividades no políticas, como la económica o las actividades profesionales y voluntarias. Cuando ésta es -a mi juicio- una de las grandes tareas de una sociedad civil responsable: exigir a cuantas actividades sociales se desarrollen en su seno que lo hagan de acuerdo con los bienes internos que les prestan sentido y legitimidad social. Como ya apuntamos, la moral de una actividad social no consiste sino en desarrollarla teniendo en cuenta dos puntos de referencia al menos: el bien interno que debe proporcionar, por ser el específico de esa actividad, y el nivel de conciencia moral propio de la sociedad en que se desarrolla. Este nivel se expresa hoy -continuábamos- a través del principio de la ética discursiva, según el cual, toda persona es un interlocutor válido y ha de tenerse en cuenta al decidir normas que le afectan. De lo cual se siguen consecuencias, no sólo para la vida política, sino también para la económica y para los distintos ámbitos profesionales y voluntarios. En efecto, para ejercerse con dignidad una actividad profesional precisa contar con al menos dos tipos de ciudadanos: los que desde una opinión pública crítica le plantean exigencias, al recordarle cómo esperan los beneficiarios que la profesión les proporcione el bien por el que la consideran legítima, y los ciudadanos que desde dentro de os diversos campos profesionales están dispuestos a ejercer su profesión de una forma excelente y, por lo mismo, a escuchar las voces procedentes de la opinion pública crítica, a atender a los ciudadanos “desde fuera”, tomándolos como beneficiarios y colaboradores, no como adversarios. Se trataría, pues, de entablar un diálogo continuo entre los afectados por las actividades profesionales y una especie de “quinta columna”, en el buen sentido, dispuesta a mantener ese diálogo desde dentro de la profesión. Por lo tanto, es indispensable una opinión pública crítica, que recuerde a los profesionales, cuando sea preciso, que las exigencias sociales no están satisfechas o que los efectos externos son perversos. Pero necesitamos a la vez profesionales dispuestos a satisfacer esas exigencias y a expresar ellos mismos públicamente qué principios y prácticas debe seguir su actividad a través de códigos de conducta o de declaraciones públicas, que satisfagan las aspiración de autorregulación expresada a menudo por los profesionales, pero de una autorregulación anticorporativista, alérgica al gremialismo.

En caso contrario, no quedan sino el corporativismo por parte de los profesionales y la exigencia por parte de la opinión pública de que se multipliquen las leyes y las sanciones. Podemos decir entonces que si no hay una remoralización desde dentro de las profesiones, si los profesionales no hacen también un uso público crítico de su razón, no hay ética profesional posible, porque la moral, a diferencia del derecho, no puede imponerse, sino que debe ser asumida desde dentro. Y tampoco hay ciudadanía civil, integración de las personas en la sociedad civil de la que son miembros.

Adela Cortina, Ciudadanos del mundo, ibid, Pág. 165-175

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