Las investigaciones sociológicas sobre la democracia condujeron a principios del período de posguerra a la teoría del pluralismo, la cual supuso todavía un puente entre los modelos normativos de la democracia y los llamados planteamientos realistas de la teoría económica, por un lado, y de la teoría de sistemas, por otro. Si por el momento dejamos de lado la revitalización de planteamientos institucionalistas que se vienen observando en los últimos años, se impone la impresión de que en el curso de la evolución teórica el contenido idealista de las teorías normativas, entre las cuales sólo el modelo liberal, y por tanto el normativamente menos pretencioso, había ofrecido a la sociología un punto de contacto, de que ese contenido idealista de las teorías normativas, digo, se funde bajo el sol de los conocimientos sociológicos. La ilustración sociológica parece sugerir una consideración desencantada, si no ya puramente cínica, del proceso político. Dirige la atención sobre todo a los puntos en los que el poder “ilegítimo” (“ilegítimo” miradas las cosas normativamente) irrumpe en la circulación del poder regulado en términos de Estado social. Si se elige como punto de referencia el sistema de acción administrativo o “aparato estatal”, el espacio público-político y el complejo parlamentario constituyen el lado de input por el que el poder social de los intereses organizados penetra en el proceso de producción legislativa. Por su lado de output la Administración choca a su vez con la resistencia de los sistemas funcionales sociales y hacen valer su poder en el proceso de implementación. Esta autonomización del poder social frente al proceso democrático fomenta y promueve, a su vez, las tendencias endógenas hacia una autonomización del complejo de poder administrativo.
Así, el poder administrativo que tendencialmente proprende a autonomizarse, forma bloque con un poder social, eficaz tanto por el lado de input como por el lado de output de la circulación democrática del poder, dando lugar a una contracirculación que se cruza, estorbándola, con la circulación de los procesos democráticos de decisión regulados y controlados por el poder comunicativo. Pero la mayoría de las descripciones de este movimiento en sentido inverso al de la circulación de los procesos democráticos de decisión regulados y controlados por el poder comunicativo. Pero la mayoría de las descripciones de este movimiento en sentido inverso al de la circulación democrática operan con unos conceptos empiristas de poder que neutralizan, e incluso anulan, las distinciones que hemos introducido desde un punto de vista reconstructivo. En especial el concepto de “poder comunicativo” tiene que aparecer como un constructo tendencioso cuando el “poder” es entendido o bien en términos de teoría de la acción como la capacidad que un actor tiene de imponerse contra la resistencia de la voluntad de los demás, o bien se lo divide en términos de teoría de sistemas en el código “poder” por el que se regula un determinado sistema de acción, a saber, el sistema político, por un lado, y en el poder general de organización, o mejor: en la capacidad autopoiética de organización de los subsistemas funcionales, por otro. Mostraré que este derrotismo normativo en el que por ambas líneas desemboca la sociología política, no sólo se debe a evidencias que nos curan de ilusiones, sino también a falsas estrategias de tipo conceptual. Pues con esas estrategias queda perdido lo específico que el poder político debe a su organización en términos de derecho.
Tras dar una visión de conjunto de la evolución teórica, entraré primero en las revisiones a que John Elster ha sometido la teoría económica de la democracia. Tales revisiones vienen a acreditar la relevancia empírica del concepto procedimental de política deliberativa. Discuto a continuación la tentativa de H. Willke de explicar en términos de una teoría de los medios de regulación o control sistémicos la integración de una sociedad presuntamente disgregada en subsistemas funcionales autopoiéticamente autonomizados. Partiendo de la crítica a esta propuesta de solución pasaré a desarrollar, movido de nuevo por B. Peters, un modelo soviológico que dirge la atención hacia el peso empírico de la circulación del poder prescrita por los propios supuestos del Estado de derecho, que, en este sentido, puede considerarse la oficial. Este peso depende sobre todo de si la sociedad civil, a través de espacios públicos autónomos y capaces de la resonancia suficiente, desarrolla la vitalidad e impulsos necesarios como para que conflictos que se producen en la periferia se los logre transferir al sitema político.
Sobre el papel de la sociedad civil.-
Hasta ahora hemos hablado en términos generales del espacio público-político como una estructura de comunicación que a través de la base que para ella representa la sociedad civil queda enraizada en el mundo de la vida. El espacio público-político lo hemos descrito como caja de resonancia para problemas que han de ser elaborados por el sistema político porque no pueden ser resueltos en otra parte. En esta medida el espacio público-político es un sistema de avisos con sensores no especializados, pero que despliegan su capacidad perceptiva a lo largo y ancho de toda la sociedad. Desde el punto de vista de la teoría de la democracia el espacio público-político tiene que reforzar además la presión ejercida por los problemas, es decir, no solamente percibir e identificar los problemas, sino también tematizarlos de forma convincente y de modo influyente, proveerlos de contribuciones, comentarios e interpretaciones, y dramatizarlos de suerte que puedan ser asumidos y elaborados por el complejo parlamentario. Es decir, a cada función de señal del espacio público-político ha de sumarse también una capacidad de problematización eficaz. Y esta limitada capacidad para una elaboración propia de los problemas ha de estirarse y utilizarse además para un control del ulterior tratamiento del problema dentro del sistema político. Aquí sólo podré hacer una estimación en términos globales de la medida en que todo ello es posible. En primer lugar clarificaré los contravertidos conceptos de esfera o espacio de la opinión pública y sociedad civil, para bosquejar a continuación algunas barreras y estructuras de poder dentro de la esfera o espacio de la opinión pública que, sin embargo, en situaciones críticas pueden ser superadas por un movimiento en escalada. Finalmente resumo los elementos que el sistema jurídico tiene que tener en cuenta en la imagen que se hace de una sociedad compleja.
Jürgen Habermas, Facticidad y validez, 1992.
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